Un tribunal ha determinado que no existe un límite de tiempo para presentar una reclamación relacionada con una tarjeta revolving.

Los jueces consideran que se trata de una nulidad completa y que no debe estar sujeta a ningún plazo. Esto representa un nuevo logro en la lucha contra el abuso de las tarjetas revolving por parte de las entidades financieras. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha invalidado la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años para la reclamación de este tipo de contratos abusivos. Esto significa que los consumidores afectados pueden recuperar la totalidad de los intereses y comisiones que pagaron. Los magistrados argumentan que se trata de una nulidad radical y que no debería estar sujeta a ningún plazo.

El conflicto legal comenzó en 2022 cuando se emitió una primera sentencia que declaró abusiva la cláusula de intereses remuneratorios en el contrato de la tarjeta revolving. Aunque no se consideró usura, se encontró que carecía de transparencia, ya que inicialmente se estableció un interés del 21,84% y luego se incrementó al 22,28%.

Este aspecto ha generado diferentes interpretaciones legales a favor y en contra. El bufete de abogados Legalsha, que dirige el caso, explica que la calificación como usura de un crédito o tarjeta se puede realizar de manera objetiva y directa según las directrices establecidas en la Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023. Sin embargo, la cuestión de superar el control de transparencia en condiciones generales de contratación es subjetiva y depende de la valoración de cada tribunal en particular.

En cuanto a la prescripción, a pesar de que se declaró nulo el contrato en primera instancia debido a su carácter abusivo, el juzgado aplicó un plazo de prescripción que limitaba la devolución de lo pagado en exceso por parte del cliente a los últimos cinco años. Esto se basó en que el cómputo del plazo comenzaba con la fecha de la interposición de la reclamación previa a la demanda, que tuvo lugar en febrero de 2021.

Sin embargo, esta decisión fue apelada, centrándose en el «dies a quo» o fecha de inicio del cómputo del plazo. El argumento principal fue que en casos de nulidad radical como este, no debería aplicarse ningún plazo de prescripción, y se citó el artículo 1303 del Código Civil como respaldo.

Finalmente, un año después de la presentación del recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Madrid decidió que no se debe aplicar ningún plazo de prescripción. Condenó a la entidad financiera a reembolsar al demandante las sumas indebidamente cobradas desde el momento en que se abonaron debido a las cláusulas declaradas nulas, más los intereses legales desde su percepción. Además, se impusieron a la entidad las costas judiciales de la primera instancia.

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