Tribunal Supremo: Reducción de IRPF para Administradores Sociales y el Impacto de la Jurisprudencia del TJUE.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia el 25 de julio de 2023 que tiene un gran impacto en la tributación de los administradores sociales que también desempeñan funciones como altos directivos. Esta decisión establece que es factible aplicar una reducción del 30% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rendimientos irregulares a las compensaciones percibidas por estos profesionales al cesar en sus funciones, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales correspondientes. Esto se fundamenta en la consideración de que estas compensaciones se catalogan como rendimientos íntegros del trabajo.

La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, recalca que el artículo en cuestión posibilita la aplicación de esta reducción por rendimientos irregulares del 30%, previamente del 40%, a una amplia gama de rendimientos del trabajo personal, incluyendo las remuneraciones a los administradores.

Además, el fallo hace referencia a una importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 5 de mayo de 2022. Según esta jurisprudencia, no es apropiado negar a un trabajador que también ejerce como miembro del órgano de administración de una empresa los derechos y protecciones que la normativa comunitaria otorga a los trabajadores, simplemente debido a su participación en el órgano de administración. Asimismo, no es adecuado negar a la empresa que lo contrata los derechos y protecciones otorgados a un empleador por la normativa.

Esta doctrina del TJUE subraya que, en el ámbito comunitario, no se permite que prevalezca la relación mercantil, que implica la pertenencia al órgano de administración, sobre la consideración de trabajador de la persona en cuestión desde la perspectiva del Derecho de la UE. En otras palabras, aunque exista una relación mercantil, esta sentencia del TJUE asegura que no se puede socavar el estatus laboral de la persona ni perjudicar a esta persona o a su empleador simplemente por su participación en el órgano de administración. Esto es válido siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como la acreditación de las remuneraciones, su inclusión en los estatutos, su contabilización y su correlación con los ingresos.

Para determinar si es posible aplicar la reducción fiscal en cuestión, relacionada con la irregularidad en la percepción de ingresos, se debe interpretar el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). En este contexto, los rendimientos del trabajo que consisten en remuneraciones de administradores y miembros de los Consejos de Administración, así como otros órganos representativos, pueden beneficiarse de la reducción del 30% siempre que se cumplan los demás requisitos legales.

En resumen, esta sentencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del TJUE tienen un gran impacto en la tributación de los administradores sociales que también son altos directivos, asegurando que pueden beneficiarse de la reducción del IRPF por rendimientos irregulares y destacando que la relación mercantil no debe prevalecer sobre la consideración de trabajador desde la perspectiva de la normativa comunitaria.

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