La Demora en la Justicia Española Llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Abogado Busca Indemnización de 20.000 Euros

El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal ha emprendido una batalla legal que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la preocupante lentitud de la Justicia española. Este paso crucial se produce después de que el Tribunal Constitucional desestimara un recurso de amparo relacionado con este asunto, argumentando que las dilaciones procesales no constituían una violación de los derechos fundamentales.

Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando se presentó una demanda por despido nulo ante el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla. Sorprendentemente, el juicio se programó para enero de 2024, casi tres años después de la presentación de la demanda. Incluso la notificación de las medidas cautelares se demoró ocho meses desde la presentación inicial. Ambos plazos fueron impugnados debido a la presunta violación del derecho a un proceso judicial efectivo dentro de un plazo razonable. Sin embargo, ambos recursos fueron desestimados, lo que llevó a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, este recurso no fue admitido.

El juicio principal se adelantó finalmente a junio de 2023. No obstante, la demora de dos años desde la presentación de la demanda hasta la celebración del juicio ha dejado al demandante en una situación difícil, ya que ni siquiera ha recibido la indemnización mínima establecida para un despido objetivo. Este caso, según Sánchez Bernal, es de baja complejidad y se basa principalmente en pruebas documentales.

La pregunta clave es: ¿Es razonable que un juicio, sin complejidad aparente, se programe para dos años después de la presentación de la demanda? ¿Debe un ciudadano aceptar que su juicio se celebre en un plazo de 2, 3 o incluso 4 años? Es evidente que una resolución tan tardía dificulta enormemente la satisfacción del interés legítimo del demandante y hace que la tutela judicial no sea efectiva. Justicia retrasada no es justicia, clama el letrado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha advertido en repetidas ocasiones que un sistema judicial excesivamente lento termina por hacer que la Justicia sea completamente ineficaz. Recientemente, condenó a Bélgica por violar el derecho a un proceso judicial con garantías, ya que consideró que un procedimiento que duró casi ocho años no se desarrolló en un plazo razonable. Además, estos retrasos en la administración de justicia ponen en peligro la efectividad y la credibilidad del sistema judicial.

La demanda presentada ante el TEDH busca no solo señalar la violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso justo en un plazo razonable, sino también obtener una indemnización adecuada. El abogado solicita que se condene al Estado español a indemnizar por daños morales, gastos y costas judiciales, junto con los intereses de demora y cualquier impuesto aplicable. Considera que una cuantía mínima de 20.000 euros en concepto de daños morales es apropiada, dado que solo la indemnización por despido improcedente ascendería a unos 17.044,50 euros.

En resumen, este caso pone de relieve la necesidad de abordar la lentitud en la justicia española y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una justicia efectiva dentro de plazos razonables. La demora excesiva en la resolución de casos puede tener consecuencias graves para los afectados y socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. El TEDH será el encargado de determinar si se ha producido una violación de los derechos fundamentales y si se debe indemnizar al demandante por la demora injustificada en la búsqueda de justicia.